Investigará Congreso posible nepotismo y tráfico de influencias en Sinaloa

Culiacán, Sin.- No sólo será el Ayuntamiento de El Rosario el que se investigue por supuestos actos de nepotismo y tráfico de influencias de parte de su alcalde, sino que la averiguación la ampliará el Congreso del Estado al resto de los municipios, así lo acordaron las Comisiones Unidas de Fiscalización y Transparencia al modificar una propuesta de punto de acuerdo que presentó la panista Roxana Rubio Valdez.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, dio a conocer que van a solicitar a los síndicos procuradores y los contralores de las comunas que informen el Legislativo sobre las denuncias que se tienen en ese sentido, esto para que las acusaciones no queden solamente en escándalo.

“Hasta ahorita ha habido puros escándalos, no puedo decir yo que son actos ya hechos porque no hay autoridad que lo haya determinado, para eso iniciamos el proceso de empezar a presionar solicitando las denuncias que hay, así mismo es la ASE la que va a determinar si hay algún delito que perseguir, y vamos a estar presionando para que se lleve a cabo todo esto”, expresó.

Cecilia Covarrubias González, Presidenta de la Comisión de Transparencia, detalló que los funcionarios municipales tendrán un plazo de 30 días para cumplir con la solicitud de información, y que, de ahí, va a intervenir la ASE.

“Nosotros valoramos ayer mismo la situación en la sesión y estamos dando un plazo de 30 días a cada uno de los municipios para que alimenten la información que se les está solicitando, a este Congreso del Estado, después de ello, de lo que resulte, de la información que traigan ya se turnará a la ASE y se hará lo pertinente”, indicó.

Los diputados dieron a conocer que, además de la información respecto al posible nepotismo y tráfico de influencias en la entrega de bases a trabajadores, y aprovechando los canales de comunicación, van a pedir a los síndicos y contralores que comuniquen el avance que llevan las comunas en solventar las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado dentro de las cuentas públicas correspondientes al 2017, hecho que resulta novedoso, pues el Congreso nunca había solicitado tales avances.

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