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Congreso de Sinaloa aprueba inicio del juicio de procedencia contra funcionarios de Ahome

En una sesión privada, la Junta de Coordinación Política leyó ante los legisladores la solicitud de la Fiscalía

Congreso de Sinaloa aprueba inicio del juicio de procedencia contra funcionarios de Ahome

A puerta cerrada diputados analizan el caso Ahome. FOTO: Luz Noticias

En sesión privada, diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron por unanimidad el inicio del juicio de procedencia contra funcionarios de Ahome por contratos irregulares en la renta de patrullas, entre los que se encuentra el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

La cita se dio a puerta cerrada a las 10:00 horas en el recinto legislativo con la presencia de 38 de los 40 diputados, quienes aprobaron la solicitud de separación del cargo del presidente municipal de Ahome. Los diputados ausentes fueron Genaro García y Juan Carlos Patrón.

Durante esta sesión convocada por la Presidenta de la Mesa Directiva, Yeraldine Bonilla, fue leída la solicitud enviada por la Fiscalía General del Estado, para poder ser turnada a la Comisión encargada de dictaminar si continúa el proceso. 

Además, explicó que ya fueron turnados los documentos de las denuncias penales a los funcionarios de Ahome involucrados.

"Todo este tema es secreto y no puedo dar más información, solamente lo único, informarles, sí tuvimos una sesión secreta el día de hoy a las 10 de la mañana. Ya se turnaron los documentos de las denuncias penales al presidente municipal de Ahome y al diputado local Genaro García", externó la diputada Yeraldine Bonilla.

La Comisión Instructora, presidida por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, coordinador del grupo del Partido Verde, será la encargada de aprobar la solicitud, por lo que, ocurriendo esto, será nuevamente turnada ante el pleno para que sea votado por todos los diputados si se desafuera a los funcionarios de Ahome. 

¿Qué pasa si aprueban el desafuero del alcalde y funcionarios

En caso de proceder con el desafuero, se podrá llevar a juicio político a dichos funcionarios por las presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por un monto de más de 176 millones de pesos.

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