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"No hay ningún proceso legal en contra de funcionarios de Ahome": Dalvingh Iturrios

El titular del Organo Interno de Control (OIC) señaló que, hasta el momento, no han sido notificados y tampoco se les ha solicitado aportar información

Rita Sánchez
01/05/25

"No hay ningún proceso legal en contra de funcionarios de Ahome": Dalvingh Iturrios

FOTO: "No hay ningún proceso legal en contra de funcionarios de Ahome": Dalvingh Iturrios

"No hay ningún proceso legal en contra de funcionarios de Ahome" señaló Dalving Iturrios Corrales ante la investigación por supuesta adquisición irregular de 126 patrullas realizada en el periodo 2021-2024, a pesar de la reciente notificación al alcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros, por el proceso de desafuero en su contra.

El titular del Órgano Interno de Control en el Ayuntamiento de Ahome explicó que, hasta el momento, no existe ninguna notificación formal por parte de la Fiscalía General del Estado ni del Congreso.

"Administrativamente, no hay, hasta el día de hoy, una sanción administrativa que se haya impuesto a servidor público alguno, a ninguno. Todo se ha realizado a través de los medios de comunicación, pero en el Órgano Interno de Control no hay ninguna notificación, ninguna sanción pendiente o en proceso", expresó.

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Observación administrativa

Iturrios Corrales subrayó que el único señalamiento vigente es una observación administrativa identificada como la número 65, emitida por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en su informe de resultados de 2021, la cual fue debidamente revisada y, una vez solventada, fue aprobada por el Congreso del Estado.

"Se trata de un PRA, un Procedimiento de Responsabilidades Administrativas, que por su naturaleza no implica un daño patrimonial. Así lo determinó la propia ASE y así fue aprobado por el Congreso. Es importante precisar que este tipo de procedimientos son estrictamente administrativos y no penales", indicó.

El funcionario municipal añadió que el proceso de adquisición de patrullas fue mediante adjudicación directa, y en su momento, las autoridades lo consideraron legal debido a la emergencia sanitaria y a factores como el desabasto de vehículos y componentes electrónicos que se enfrentaba en ese momento.

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