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¿Invasores podrán comprar las casas que ocuparon? Advierten sobre riesgo de premiar ilegalidad
El sector inmobiliario consideró que esta medida premiaría la ilegalidad, afectando a los derechohabientes que sí han cumplido con sus pagos
FOTO: ¿Invasores podrán comprar las casas que ocuparon? Advierten sobre riesgo de premiar ilegalidad
Una nueva propuesta del Gobierno Federal ha generado preocupación entre integrantes del sector inmobiliario, al contemplar la posibilidad de que personas que han invadido viviendas puedan adquirirlas legalmente.
Así lo dio a conocer Cecylhí Angulo González, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Los Mochis.
De acuerdo con Angulo, la propuesta surge a partir de un censo que están realizando el Infonavit y la Secretaría del Bienestar, el cual arrojó que existen aproximadamente 843 mil viviendas en situación irregular, es decir, que han sido invadidas o abandonadas por sus propietarios originales.
"La propuesta que se está haciendo es negociar con los invasores. El Infonavit está en todo su derecho de vender las viviendas que ya fueron devueltas al instituto, pero el detalle es que sería un esquema que fomentaría el incumplimiento de los pagos", expresó.
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Afecta a los que sí pagan
Angulo González señaló que permitir que los invasores adquieran legalmente las viviendas que han ocupado afectaría a los derechohabientes que sí han cumplido con sus obligaciones, al enviar un mensaje erróneo sobre el valor del esfuerzo y la legalidad.
"¿Dónde queda el derechohabiente que con mucho esfuerzo ha cumplido durante la vigencia de su crédito? Esta propuesta es muy ambigua, pero de forma general no se puede estar premiando a los invasores o a quienes dejaron de pagar sus créditos, porque es premiar a la ilegalidad", subrayó.
En respuesta a esta iniciativa, AMPI analiza una contrapropuesta para que los legítimos propietarios puedan recuperar sus viviendas, sin poner en riesgo la legalidad ni fomentar nuevas invasiones.
La propuesta del Gobierno aún no ha sido aprobada, pero ya ha comenzado a generar un intenso debate entre especialistas del sector inmobiliario, organismos de vivienda y ciudadanos preocupados por la seguridad jurídica de su patrimonio.
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