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¿Cómo gobernaba Diego Rivera Navarro en Tequila?, revelan detalles sobre la red de extorsión, actitud prepotente y amenazas del exalcalde jalisciense detenido por la Operación Enjambre
El argumento oficial fue la existencia de adeudos fiscales y la falta de licencias; sin embargo, la magnitud de la exigencia levantó sospechas inmediatas.
Durante meses, en Tequila se hablaba en voz baja. Comerciantes, regidores y empresarios conocían una dinámica que pocos se atrevían a denunciar: cobros desproporcionados, amenazas veladas y decisiones tomadas desde la prepotencia.
Hoy, tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro en el marco de la Operación Enjambre, ese "secreto a voces" comienza a documentarse con expedientes, denuncias y testimonios.
Uno de los episodios más representativos ocurrió el 5 de diciembre de 2025, cuando personal del ayuntamiento, por instrucción directa del presidente municipal, clausuró las instalaciones de la tequilera José Cuervo, uno de los símbolos económicos e históricos del municipio.
El argumento oficial fue la existencia de adeudos fiscales y la falta de licencias; sin embargo, la magnitud de la exigencia levantó sospechas inmediatas.
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De un millón a 60 millones: el cobro que encendió la alarma
- El gobierno municipal reclamó a la empresa el pago de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial, una cifra que contrastaba de forma abrupta con lo reportado el año anterior, cuando el gravamen apenas superó el millón de pesos.
Para la tequilera, la medida no solo carecía de sustento técnico, sino que ponía en riesgo operaciones industriales sensibles.
La intervención del gobierno de Jalisco fue inmediata. Ante el peligro que representaba el paro de procesos térmicos con posibilidad incluso de una explosión, autoridades estatales tomaron el control temporal de la destiladora y convocaron a una mesa de negociación.
El 11 de diciembre se alcanzó un acuerdo: el ayuntamiento se comprometió a dar certeza jurídica a la situación catastral del predio y la empresa aceptó cubrir multas y recargos específicos. Aun así, José Cuervo decidió denunciar penalmente al alcalde, al considerar que la clausura fue arbitraria.
Denuncias, ingobernabilidad y un patrón de abuso
El conflicto con la tequilera destapó una problemática mayor. El gobierno estatal informó entonces que al menos 10 empresas y comerciantes habían presentado denuncias por corrupción contra Rivera Navarro. A ello se sumaban señalamientos por violencia política de género y una advertencia poco común: "hay viso de ingobernabilidad en Tequila".
Los antecedentes reforzaban esa narrativa. Desde marzo de 2025, el alcalde había ordenado el cierre del edificio patrimonial que alberga el Museo Nacional del Tequila, sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El inmueble sería utilizado para oficinas municipales y un departamento privado. Tras las denuncias, en junio la Fiscalía General de la República aseguró el recinto.
Regidoras bajo protección
El punto más delicado del caso involucra a las regidoras Alondra Moreno, Evelin Castañeda y Luz Elena Aguirre, quienes actualmente cuentan con medidas de protección tras denunciar amenazas y hostigamiento por parte del entonces alcalde. El conflicto surgió luego de que se negaran a aprobar una propuesta para endeudar al ayuntamiento.
La gravedad del escenario llevó a que, el 19 de diciembre de 2025, las secretarías de la mujer de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI emitieran un posicionamiento conjunto inusual por su transversalidad política alertando sobre el clima de intimidación institucional en Tequila.
"El ejercicio del poder ha derivado en prácticas sistemáticas de abuso de autoridad y violencia institucional", advirtieron. Las regidoras, señalaron, incluso fueron dotadas del dispositivo "Pulso de Vida" ante el riesgo para su integridad física.
El derrumbe de un modelo de gobierno
- Hoy, con Rivera Navarro detenido, las piezas comienzan a encajar.
- Clausuras sorpresivas, exigencias fiscales desmedidas, uso discrecional del patrimonio histórico y persecución política interna dibujan un modelo de gobierno basado en la presión y el miedo.
La Operación Enjambre no solo investiga delitos individuales: expone cómo el poder municipal, sin contrapesos, puede convertirse en una herramienta de extorsión. En Tequila, el proceso apenas comienza, pero el mensaje es claro: gobernar no es imponer, y los silencios prolongados tarde o temprano se rompen.
El 5 de diciembre de 2025, por órdenes del alcalde Diego Rivera Navarro, personal del ayuntamiento de Tequila arribó a las instalaciones de la emblemática tequilera José Cuervo y la clausuró argumentando supuestos adeudos fiscales y falta de varias licencias para operar.
Las autoridades municipales reclamaron también el pago de 60 millones de pesos por parte de la empresa para cubrir el impuesto predial, a pesar de que el año anterior el costo del impuesto apenas superó el millón de pesos, según lo declarado entonces por la tequilera.
El caso es un ejemplo de lo que era un secreto a voces en el municipio -cobros excesivos, amenazas y una conducta prepotente por parte del presidente municipal- y ahora, todo cobró una nueva dimensión.
Las autoridades estatales intervinieron tomando el control de la destiladora ante el riesgo que generaba el paro intempestivo de procesos térmicos que podrían generar una explosión y convocaron a una mesa de negociación para resolver el conflicto entre el municipio y la empresa.
El 11 de diciembre se llegó a un acuerdo para reabrir la tequilera: el ayuntamiento se comprometió a definir con claridad y certeza jurídica la situación catastral del predio que ocupa la empresa y ésta pagaría algunas multas y recargos; sin embargo, la tequilera consideró que lo hecho por el alcalde no era correcto y decidió denunciarlo ante la Fiscalía de Jalisco.
El gobierno del estado informó entonces que al menos 10 empresas y comerciantes habían interpuesto denuncias por corrupción contra Rivera Navarro; además recordó que tres regidoras también lo demandaron por violencia política de género; "hay viso de ingobernabilidad en Tequila", señaló la autoridad estatal entonces.
Pero los conflictos de Rivera Navarro comenzaron desde marzo de 2025, cuando sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerró el edificio patrimonial donde se encuentra el Museo Nacional del Tequila para construir oficinas para el ayuntamiento y un departamento para su descanso; ante las denuncias presentadas por la institución federal, en junio de 2025 la FGR aseguró el recinto.
Violencia contra regidoras
Actualmente las regidoras Alondra Moreno (PRI), Evelin Castañeda (independiente) y Luz Elena Aguirre (Morena), cuentan con medidas de protección debido a que han denunciado amenazas y hostigamiento por parte de Rivera Navarro tras negarse a aprobar su solicitud para endeudar al ayuntamiento.
El hecho generó que el 19 de diciembre de 2025 las secretarías de la mujer de los partidos Morena, MC, PAN y PRI, emitieran un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por lo que ocurría en el municipio.
"El ejercicio del poder por parte del presidente municipal ha derivado en prácticas sistemáticas de intimidación, abuso de autoridad y violencia institucional. Desde el inicio de su gestión, su gobierno ha sembrado un clima de miedo. La gravedad es tal que las regidoras hoy cuentan con medidas de protección, incluido el dispositivo ´pulso de vida´, tras determinarse que existen condiciones que ponen en riesgo su integridad física y el libre ejercicio de su cargo".
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