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Congreso de Sinaloa alista reforma para blindar centros de rehabilitación y evitar infiltración del crimen organizado
La iniciativa contempla mayor supervisión, sanciones más severas y mejor coordinación con Salud para proteger a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Ante antecedentes de presuntos abusos y posibles casos de reclutamiento forzado en centros de rehabilitación, el Congreso del Estado de Sinaloa trabaja en una iniciativa para fortalecer la regulación, supervisión y control de estos espacios, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y evitar su infiltración por grupos delictivos.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, señaló que la propuesta busca establecer reglas más estrictas, inspecciones periódicas y sanciones claras para aquellos centros que incumplan con la normatividad.
Explicó que muchos de estos espacios surgieron como esfuerzos ciudadanos encabezados por personas que superaron adicciones y decidieron apoyar a otros en procesos similares, lo cual calificó como positivo; sin embargo, advirtió que la falta de regulación efectiva permitió que algunos centros crecieran sin la supervisión suficiente, generando condiciones propicias para abusos contra personas en situación de vulnerabilidad.
"Se requiere más observancia y más control. Hubo momentos en que la regulación fue muy relajada y eso dio lugar a situaciones que no deben repetirse", expresó.
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La legisladora detalló que la iniciativa fue elaborada en coordinación con el sector salud, instancia responsable de la supervisión en materia de rehabilitación de adicciones.
Medidas para evitar abusos y reclutamiento forzado
Asimismo, indicó que el dictamen se presentará hasta marzo, debido a reformas federales que integran la atención a las adicciones con el tema de salud mental, a fin de armonizar el marco estatal con los nuevos lineamientos nacionales.
Guerra Ochoa reconoció que existen hechos claros y contundentes que evidencian cómo algunos jóvenes en centros de rehabilitación habrían sido forzados a involucrarse en actividades delictivas, situación que obliga a reforzar la vigilancia institucional.
En ese sentido, la iniciativa contempla supervisiones más frecuentes, aplicación estricta de sanciones, mayor vigilancia y mejores condiciones operativas en los centros.
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Además, reconoció que aún falta mayor inversión en esta área, aunque el Congreso ha realizado reasignaciones presupuestales para fortalecer el apoyo a estos espacios.
"El objetivo es proteger a quienes buscan rehabilitarse y garantizar que estos centros sean verdaderos espacios de apoyo, no lugares donde se vulneren derechos", concluyó.
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