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Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya y a otros 9 funcionarios por vínculos con el narcotráfico
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra 10 funcionarios, incluído el gobernador de Sinaloa, señalándolos de conspirar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una acusación formal que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de la entidad, por cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
De acuerdo con el comunicado emitido por el fiscal federal Jay Clayton, los acusados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para facilitar la importación de cantidades masivas de narcóticos hacia los Estados Unidos.
La acusación afirma que esta red de colaboración se fundamentó en el intercambio de sobornos y apoyo político, permitiendo que la organización criminal operara con altos niveles de impunidad.
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Los implicados y los cargos
Además del mandatario estatal, la acusación identifica a figuras clave del servicio público en Sinaloa, entre los que destacan:
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado.
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
Entre los señalados también se encuentran mandos policiales como:
- Marco Antonio Almanza Avilés.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo".
De manera particular, se imputaron cargos adicionales a Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", por su presunta participación en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar de esta en territorio mexicano.
Reacciones oficiales:
"El Cártel de Sinaloa no podría operar con tal éxito sin la colaboración de políticos y funcionarios de seguridad corruptos que están en su nómina", declaró el fiscal Jay Clayton.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, enfatizó que estas acciones envían un mensaje claro a nivel global.
"No importa el título o la posición jerárquica; nos comprometemos a llevar ante la justicia a quienes traicionen la confianza pública para servir a los intereses del narcotráfico", dijo.
El caso ha sido asignado a la jueza de distrito Katherine Polk Failla.
Hasta el momento, el Gobierno de Sinaloa no ha emitido una respuesta oficial ante las acusaciones presentadas por las autoridades estadounidenses.
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