México
FGR inicia investigación para saber si existen pruebas contra funcionarios de Sinaloa como acusa Estados Unidos
La FGR aclara que las pruebas aportadas por el Departamento de Justicia carecen de contundencia
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que ha sido notificada formalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Ulises Lara López, vocero de la institución, anunció que se iniciará una investigación propia para recabar los datos de prueba necesarios, proceso en el que se determinará si la acusación estadounidense cuenta con el fundamento legal requerido por la normativa mexicana.
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"Hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión", dijo.
Insuficiencia de pruebas contundentes
En cuanto al sustento de la petición extranjera, la FGR precisó que la solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto a los hechos narrados.
La Fiscalía recordó que, bajo el Tratado Bilateral de Extradición, el procedimiento solo es viable si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes de México.
Por ello, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales se encuentra analizando la documentación para establecer si existen los elementos mínimos necesarios que permitan dar curso a la solicitud.
"De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados", señala.
Juicios de procedencia
De igual forma, la dependencia aclaró que, en el caso de personas servidoras públicas que ostenten cargos de gobernadores o senadores, la legislación mexicana exige que para retirar la inmunidad procesal y proceder penalmente, es estrictamente necesario iniciar un juicio de procedencia que resulte en una declaratoria oficial por parte del Poder Legislativo.
"La legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos", menciona.
Los acusados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a las siguientes personas por presuntos nexos con el narcotráfico:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno, actual senador de la República.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del Estado.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la FGE.
Entre los señalados también se encuentran mandos policiales como:
- Marco Antonio Almanza Avilés.
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo".
De manera particular, se imputaron cargos adicionales a Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", por su presunta participación en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar de esta en territorio mexicano.
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