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Patrones que no paguen utilidades enfrentarán multas de hasta 60 mil pesos
El reparto de utilidades equivale al 10% de la ganancia neta de la empresa, distribuyéndose equitativamente entre los trabajadores.
Marco Antonio Zazueta Zazueta, director del Trabajo y Previsión Social, advirtió que los patrones que no paguen el reparto de utilidades a sus trabajadores pueden ser acreedores a multas de hasta 60 mil pesos.
Antonio Zazueta explicó que el monto de la sanción se determina tomando como referencia la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario para este año es de 117.31 pesos.
A partir de ese valor, la autoridad laboral aplica un rango que va de las 50 a las 500 UMAS, dependiendo de factores como el giro del negocio, el tamaño de la empresa y el número de trabajadores registrados.
"Manejamos un promedio desde las 50 a las 500 UMAS, que puede variar dependiendo la situación, el giro del comercio y el número de trabajadores. Se realiza con base en una matriz para determinar la cantidad que se sancionará a la empresa o persona física que incumpla con esta prestación", detalló.
El monto no es el mismo en todos los casos. Se calcula con una matriz que toma en cuenta las condiciones de cada empresa, como su tamaño y actividad. Así, la multa se ajusta según qué tan grave fue el incumplimiento y las características del patrón o negocio sancionado.
Cálculo de Multas por Incumplimiento
El funcionario recordó que la ley establece que el reparto corresponde al 10% de la utilidad neta de la empresa. El 50% se distribuye de forma equitativa entre los trabajadores que laboraron todo el año, y el otro 50% se reparte según el porcentaje que represente el salario de cada empleado dentro de la nómina.
Proceso de Verificación y Sanciones
Para verificar el cumplimiento, las empresas deben presentar su declaración anual. Si se comprueba que no hubo utilidades, no procede el reparto. En caso contrario, y si no se demuestra cómo se repartieron, los patrones pueden enfrentar sanciones, inspecciones e incluso demandas laborales.
Zazueta señaló que en Sinaloa operan 22 instancias gubernamentales encargadas de vigilar esta obligación. Entre ellas están la Secretaría del Trabajo federal y la Dirección del Trabajo y Previsión Social estatal, que él representa. Añadió que la autoridad federal aplica sanciones más altas debido a que supervisa empresas de mayor tamaño y alcance nacional.
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