Sinaloa | Norte
Gobierno busca una salida al conflicto por la planta de GPO en Topolobampo; no llega a cancelarla ni a defenderla
El Gobierno Federal busca conciliar el desarrollo económico, la protección ambiental y la tranquilidad de las comunidades.
El Gobierno de México aseguró que no llega a las mesas de diálogo sobre la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo con la intención de defender o cancelar el proyecto, sino de construir una solución que permita atender el conflicto entre la empresa, el colectivo Aquí No y las comunidades involucradas.
En entrevista con Luz Noticias, el representante del Gobierno federal para el proceso de diálogo, Mauricio Rodríguez Alonso, afirmó que la función de la administración federal será ejercer un papel de rectoría para encontrar puntos de acuerdo y evitar que el conflicto continúe escalando.
"Nosotros no venimos a profundizar, nosotros venimos a asumir un papel de rectoría y a encontrarle solución a los temas. Un gobierno jamás se atiene a posiciones irreductibles; la tarea del gobierno es construir soluciones y no profundizar conflictos", expresó.
El funcionario explicó que las mesas de diálogo buscan abrir un espacio donde todas las partes puedan expresar sus argumentos y analizar la viabilidad de los planteamientos antes de tomar decisiones.
Objetivos de las mesas de diálogo
Rodríguez Alonso señaló que el objetivo del Gobierno de México es encontrar un punto de equilibrio entre las distintas posturas que existen alrededor del proyecto, el cual ha dividido opiniones entre quienes respaldan la inversión y quienes consideran que representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira.
"Hago votos porque estas mesas nos sirvan precisamente para encontrar el justo medio que nos permita transitar entre las distintas visiones", comentó.
Añadió que uno de los principales retos será demostrar que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no son objetivos incompatibles.
"Hay un velo que se ha establecido y que no es correcto: el de que el desarrollo está peleado con el medio ambiente. Yo creo que se puede dar el desarrollo maximizando el cuidado al medio ambiente y eso es lo que tenemos que disipar en estas mesas", sostuvo.
El representante federal indicó que otro de los objetivos será que la propia empresa explique de manera clara cuáles serían los beneficios concretos que el proyecto dejaría para la región.
Precisó que no basta con hablar de inversión, sino que deberán exponerse los impactos positivos en materia de empleo, desarrollo económico y bienestar para las comunidades cercanas.
"Es muy importante que la propia empresa deje claro los beneficios que va a traer este proyecto para la región. Y cuando hablo de beneficios, hablo del tema de empleos, del desarrollo económico. No podemos hablar de desarrollo si no hay desarrollo para las propias comunidades", afirmó.
Transparencia y comunicación en el proceso
Mauricio Rodríguez consideró que las mesas representan el inicio de una nueva etapa para atender uno de los conflictos sociales y ambientales más importantes que enfrenta actualmente el norte de Sinaloa.
Explicó que al concluir cada mesa se informarán públicamente los acuerdos alcanzados, los temas en los que persistan diferencias y aquellos aspectos que requieran estudios o acciones adicionales.
"Es un nuevo principio que tiene como eje el diálogo y la razón", señaló.
Asimismo, reconoció que existe desinformación alrededor del proyecto y aseguró que uno de los propósitos será proporcionar información técnica, verificable y transparente para que las comunidades puedan tomar una postura con base en datos.
El funcionario también advirtió que el Gobierno federal pretende evitar que las diferencias entre quienes apoyan y quienes rechazan la planta deriven en una confrontación entre habitantes de la región.
"Lo que menos queremos es que la sociedad se confronte. Eso se logra cuando hay transparencia, información y certeza para todas las partes", puntualizó.
Las mesas de diálogo iniciarán esta semana con la participación de autoridades federales, representantes de GPO, integrantes del colectivo Aquí No, comunidades indígenas, especialistas, productores agrícolas y otros sectores relacionados con el proyecto, en un esfuerzo del Gobierno de México por construir una ruta de solución al conflicto que desde hace meses rodea la planta de fertilizantes en Topolobampo.
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