Sinaloa | Norte
Proponen nuevo estudio ambiental y comité de vigilancia para la Bahía de Ohuira en la quinta mesa de diálogo sobre planta de amoniaco
Durante la sesión, el Gobierno de México propuso realizar un nuevo estudio de línea base ambiental para la Bahía de Ohuira, fortalecer la transparencia en el seguimiento de las medidas ambientales y crear un comité de vigilancia.
Este miércoles se llevó a cabo la quinta mesa de diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, la cual estuvo dedicada al análisis del cumplimiento de las autorizaciones y obligaciones ambientales del proyecto.
En la reunión participaron representantes del Gobierno de México, del Gobierno de Sinaloa, especialistas, directivos de la empresa, integrantes del colectivo AquÍ No y representantes de comunidades, quienes intercambiaron información técnica, jurídica y ambiental sobre el desarrollo del proyecto.
Resultados del seguimiento ambiental
Al concluir la sesión, Mauricio Rodríguez Alonso, representante del Gobierno de México, informó que durante la mesa se presentaron los resultados del seguimiento independiente al proceso constructivo, además de los avances en materia de supervisión ambiental y las medidas de seguridad contempladas para la planta.
Asimismo, explicó que la empresa expuso el estado actual del proyecto, los resultados del seguimiento ambiental y los principales elementos del Estudio de Riesgo Ambiental, incluyendo los sistemas de protección industrial, programas permanentes de capacitación, simulacros y la coordinación con Protección Civil para la atención de posibles emergencias.
Por su parte, representantes del colectivo AquÍ No presentaron diversos planteamientos jurídicos y ambientales relacionados con el sitio Ramsar, el origen de los predios, los recursos legales promovidos, la gestión del riesgo, las rutas de evacuación, la consulta a comunidades indígenas y la protección del patrimonio biocultural del pueblo Mayo-Yoreme.
Durante la mesa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó que la resolución judicial sobre el proyecto ordenó reponer el procedimiento de consulta indígena, sin instruir una nueva evaluación de impacto ambiental, al precisar que la evaluación realizada en su momento se efectuó conforme a las atribuciones establecidas en la legislación vigente.
La Semarnat advirtió que cualquier proyecto industrial previsto para la zona deberá analizarse de manera integral, considerando el conjunto del desarrollo industrial y sus posibles efectos acumulativos, y no de forma aislada o fragmentada.
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Por lo que, si el grupo empresarial presenta otras solicitudes para otras plantas de este conglomerado, serán evaluadas en su conjunto como una nueva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), expresó.
Propuestas para la Bahía de Ohuira
Como parte de las propuestas surgidas en el encuentro, el Gobierno de México planteó elaborar un nuevo estudio actualizado de la línea base ambiental para el sistema lagunar con participación de instituciones académicas, comunidades pesqueras y representantes del pueblo Mayo-Yoreme.
También propuso fortalecer la transparencia en el seguimiento de las obligaciones ambientales mediante la publicación de información sobre las medidas que debe cumplir la empresa y la creación de un comité de vigilancia integrado por autoridades, comunidades y academia.
Uno de los puntos destacados fue el pronunciamiento de la Semarnat, que advirtió que cualquier proyecto industrial previsto para la zona deberá analizarse de manera integral, considerando el conjunto del desarrollo industrial y sus posibles efectos acumulativos, y no de forma aislada.
En ese sentido, señaló que, si el grupo empresarial presenta nuevas solicitudes para otros proyectos, estos deberán evaluarse en conjunto mediante una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) propuso implementar un plan integral de saneamiento para toda la Bahía de Ohuira, acompañado de un sistema de monitoreo permanente del agua que permita obtener información en tiempo real sobre su calidad y generar alertas tempranas con la participación de las comunidades.
En las conclusiones, el Gobierno de México reiteró que el proceso de diálogo busca que las decisiones se sustenten en la evidencia científica, el respeto a la ley, la transparencia y los derechos de las comunidades, además de fortalecer la gobernanza ambiental y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto.
