Sinaloa | Norte
Tres mesas definirán las condiciones ambientales de GPO y el futuro de la Bahía de Ohuira en Ahome
Tras más de una década de amparos y protestas, se analizan modificaciones para que la planta no extraiga ni descargue agua en Ohuira.
Tres mesas técnicas buscan resolver las principales preocupaciones ambientales que rodean a la construcción de la planta de amoniaco de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo.
Una inversión considerada la más grande en la historia de Sinaloa y que ha enfrentado un complicado proceso social y jurídico durante más de una década.
Propuestas de modificación para la planta
Este viernes 11 de septiembre se realiza la segunda sesión de la mesa dedicada a revisar la captación y descarga de agua de la planta.
Paralelamente, autoridades, especialistas, académicos y representantes ambientalistas trabajan en la actualización de la línea base ambiental y en la elaboración de un programa integral de restauración de la Bahía de Ohuira.
Zelfa Ayala Sánchez, directora de Comunicación Corporativa de PROMAN, explicó que la empresa analiza una eventual reingeniería para evitar que el agua utilizada durante la operación sea extraída directamente de Ohuira y que las descargas lleguen a este ecosistema.
El equipo técnico está trabajando ya en el proyecto para buscar que la planta no tome ni descargue el agua en la Bahía de Ohuira; seguir avanzando ya con hechos, con información y poder dar el siguiente paso, expresó.
Entre las alternativas se encuentra reutilizar agua proveniente de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y analizar que la descarga se realice en la Bahía de Topolobampo, por tratarse de un cuerpo de agua más abierto.
Ayala Sánchez reconoció que estas modificaciones representarían una inversión adicional, pero aseguró que PROMAN está dispuesta a evaluar los cambios para atender las preocupaciones de las comunidades y garantizar la protección ambiental.
Entre los aspectos relevantes del proyecto, PROMAN informó que la planta incorpora ocho capas de seguridad que funcionarán de manera escalonada, con sistemas destinados a prevenir, detectar, contener y responder ante cualquier condición fuera de los parámetros normales de operación, antes de que un incidente pueda escalar.
La empresa aseguró que los protocolos no serán genéricos, sino específicos para cada tipo de evento y etapa de operación. También contempla personal capacitado permanentemente y mecanismos de coordinación para atender posibles emergencias.
Además, GPO forma parte del Comité de Ayuda Mutua de Topolobampo, en el que participan autoridades y actores de la zona, como la Secretaría de Marina, ASIPONA, CFE y otras empresas. Este esquema permitirá coordinar personal, equipo y recursos para responder conjuntamente ante cualquier contingencia.
PROMAN destacó que cuenta con más de 40 años de experiencia internacional en la industria del metanol y los fertilizantes, y sostuvo que la seguridad se encuentra incorporada desde el diseño y la construcción hasta la futura operación de la planta.
En seguridad no improvisamos; trabajamos para prevenir. Tenemos sistemas para detectar y contener, personal preparado y mecanismos de coordinación para actuar de manera conjunta si, afirmó.
La primera fase de la planta de amoniaco representa una inversión superior a los mil 600 millones de dólares, mientras que el plan industrial completo ha sido proyectado de manera escalable hasta alcanzar los 5 mil 600 millones de dólares.
El complejo tendría capacidad para producir aproximadamente 800 mil toneladas de amoniaco al año, equivalente a 2 mil 200 toneladas diarias. De acuerdo con la empresa, el proyecto generará más de 10 mil empleos directos e indirectos.
PROMAN sostiene que la producción contribuirá a disminuir la dependencia nacional de fertilizantes importados, la cual, según sus estimaciones, supera el 70 por ciento.
Oposición y consultas comunitarias
El proyecto fue anunciado desde 2013 y comenzó a enfrentar oposición social alrededor de 2014, principalmente por las preocupaciones de comunidades mayo-yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas sobre los posibles efectos en la Bahía de Ohuira.
En noviembre de 2021 se realizó un ejercicio participativo en Ahome, Guasave y El Fuerte, en el que el 75.61 por ciento de los 39 mil 753 participantes respaldó la construcción de la planta.
Sin embargo, en abril de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a integrantes de una comunidad mayo-yoreme al determinar que Semarnat debió realizar una consulta previa, libre e informada antes de otorgar la autorización ambiental.
Posteriormente fueron consultadas 15 comunidades indígenas; 11 se manifestaron a favor y cuatro en contra. Los opositores mantuvieron sus cuestionamientos y llevaron sus denuncias ante relatores de Naciones Unidas, además de instalar protestas y bloquear los accesos a la planta.
Frente a esta confrontación, el Gobierno de México impulsó una nueva ruta de diálogo que derivó en las tres mesas técnicas que actualmente se encuentran en desarrollo.
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