Reforma fiscal 2027: cuando vender más puede dejar menos dinero

El empresario puede vender más, mantener sus costos bajo control y, aun así, terminar con menos dinero disponible si cambian las reglas para determinar sus impuestos. Esa es la preocupación que debe llevar a la mesa de dirección el análisis del proyecto de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2027, particularmente respecto de las limitaciones a deducciones y pérdidas fiscales.

La discusión pública suele concentrarse en las tasas. Sin embargo, la carga tributaria también aumenta cuando se restringen los conceptos que pueden disminuirse de los ingresos. Para una empresa, el efecto se mide en pesos que dejan de estar disponibles para pagar proveedores, financiar inventarios o invertir.

El empresario necesita conocer el impuesto efectivo que soportará su negocio, además de la tasa que aparece en la ley.

Las deducciones merecen una discusión seria. Comprar mercancías, pagar salarios, transportar productos y mantener instalaciones son costos de generar ingresos. Si una parte de esos desembolsos deja de reconocerse fiscalmente, la empresa habrá gastado el dinero y podría enfrentar una base gravable mayor.

El problema es especialmente sensible en actividades de alto volumen y bajo margen. Una distribuidora puede registrar ventas importantes y conservar una utilidad reducida después de cubrir su operación. Sus ingresos, por sí solos, no revelan cuánto puede pagar sin comprometer su estabilidad.

Por eso resulta preocupante cualquier mecanismo que limite el reconocimiento de costos necesarios sin atender suficientemente la realidad económica del contribuyente. Combatir deducciones indebidas es una tarea legítima; el diseño de las restricciones debe cuidar también a las empresas que documentan operaciones reales y cumplen sus obligaciones.

Desde la perspectiva empresarial, la primera respuesta debe ser medir.

¿Cuál sería la utilidad fiscal con las reglas propuestas? ¿Cuánto aumentaría el ISR? ¿Qué porcentaje de la utilidad económica absorbería? ¿En qué momento del año se necesitaría efectivo para pagarlo?

Estas preguntas deben resolverse antes de aprobar el presupuesto de 2027. El cálculo tiene que considerar la situación particular de cada empresa y verificar si queda comprendida en los supuestos de la reforma que finalmente se apruebe.

Las pérdidas fiscales plantean otro desafío.

Una empresa puede acumular pérdidas por inversiones iniciales, contracción del mercado o periodos de operación adversos. Cuando vuelve a generar utilidades, su aprovechamiento fiscal influye en la velocidad con la que recupera recursos y fortalece su capital.

Limitar su aplicación anual podría obligarla a pagar ISR mientras conserva pérdidas pendientes. Aunque se conceda más tiempo para utilizarlas, el diferimiento tiene un costo: el dinero que se recupera después no resuelve las necesidades de liquidez de hoy.

Una pérdida fiscal pendiente tampoco equivale a efectivo disponible.

El empresario debe revisar cuánto de ese saldo podría aprovechar realmente, en qué ejercicios y bajo qué condiciones. También necesita confirmar su origen, actualización, aplicaciones anteriores y documentación. Un saldo elevado puede generar una falsa sensación de protección si no se analiza su posibilidad de recuperación.

Este examen importa al evaluar inversiones y adquirir empresas. Una negociación que atribuya valor inmediato a pérdidas pendientes puede sobreestimar el beneficio económico si su aprovechamiento está limitado o depende de utilidades futuras inciertas.

La prevención exige coordinar al contador, al director financiero y al responsable de la operación. El contador determina el efecto fiscal; finanzas identifica la necesidad de recursos; la dirección decide cómo ajustar precios, márgenes, financiamiento e inversiones.

Recortar gastos sin este análisis puede resultar contraproducente. Reducir mantenimiento o controles esenciales podría deteriorar la capacidad de generar ingresos. La revisión debe concentrarse en gastos improductivos, contratos poco rentables y procesos ineficientes, preservando aquello que sostiene el negocio.

También corresponde examinar jurídicamente las restricciones. Cuando una disposición afecta costos necesarios para generar ingresos, su relación con la capacidad contributiva merece un estudio cuidadoso. Una eventual defensa deberá sustentarse en el texto definitivo y en el impacto comprobable sobre el contribuyente.

El proyecto puede cambiar durante el proceso legislativo. Sus disposiciones transitorias serán determinantes, especialmente para el tratamiento de pérdidas de ejercicios anteriores. Esa incertidumbre aconseja preparar escenarios y evitar decisiones irreversibles basadas únicamente en una propuesta.

Lo que no admite demora es el diagnóstico.

El empresario debe llegar a 2027 con una explicación clara de sus costos, su margen, sus pérdidas aprovechables y su liquidez. La reforma debe discutirse en el consejo de administración y en la dirección general, porque sus efectos pueden alcanzar decisiones que van mucho más allá de presentar una declaración.

La pregunta decisiva será cuánto dinero conservará la empresa para seguir operando después de cumplir con el fisco.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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