México
¿Dónde estarán las 6 nuevas cárceles que anunció Claudia Sheinbaum?
Seis nuevas cárceles en México: Sheinbaum apuesta por 18 mil espacios, pero persisten las dudas sobre la seguridad penitenciaria, una estará en Sinaloa.
Sinaloa será una de las entidades donde se construirá un nuevo centro penitenciario, en medio de la crisis de violencia registrada en el penal El Castillo, en Mazatlán.
El proyecto federal busca reducir la saturación de las prisiones, aunque especialistas y organismos de derechos humanos han advertido que ampliar la capacidad no garantiza, por sí solo, mejores condiciones de reclusión.
El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas privadas de la libertad.
La estrategia, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende responder al crecimiento de la población carcelaria y a los problemas de hacinamiento que enfrentan distintos sistemas penitenciarios estatales.
Sin embargo, detrás del anuncio de miles de nuevos espacios se encuentra un desafío mayor: conseguir que las cárceles sean instalaciones seguras, con suficiente personal, servicios médicos adecuados y condiciones que permitan la reinserción social.
PUEDES LEER: Adiós al calor en Sinaloa: ¿Cuándo llega el verdadero frío al estado?
Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los nuevos complejos contarán con infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia, mecanismos de inspección y bloqueadores de señales.
También dispondrán de módulos destinados a separar a las personas internas de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo.
Aunque el Gobierno federal confirmó las seis entidades donde se desarrollará el proyecto, todavía falta precisar los municipios, las ubicaciones exactas de los terrenos, el presupuesto individual de cada obra y las fechas previstas para su conclusión.
Sinaloa, bajo la presión de la crisis penitenciaria
- La construcción de un nuevo penal en Sinaloa adquiere especial relevancia tras los hechos violentos registrados el 8 y 9 de octubre en el centro penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, donde murieron 12 personas, incluido un menor de edad que se encontraba de visita.
Después de los acontecimientos, elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en las instalaciones, mientras continuaron las investigaciones para esclarecer cómo ingresaron armas al centro penitenciario y determinar las posibles responsabilidades.
PUEDES LEER: Beca Rita Cetina 2026: estos son los documentos para registrarse en octubre
El caso evidenció que la capacidad de una prisión no es el único indicador para medir sus condiciones de seguridad. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), El Castillo obtuvo una calificación de 5.25 sobre 10.
Entre las deficiencias identificadas se encontraron insuficiencia de personal de custodia, presencia de actividades ilícitas, problemas en los servicios de salud y fallas en la prevención de incidentes violentos.
Estos señalamientos colocan sobre la mesa una pregunta fundamental para el nuevo proyecto federal: ¿cómo se garantizará que las nuevas instalaciones no reproduzcan las mismas deficiencias que afectan a otros centros penitenciarios?
Nayarit y el Estado de México, entre los casos más críticos
La saturación carcelaria representa otro de los principales argumentos para ampliar la infraestructura penitenciaria.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), elaborado con información correspondiente a 2025, reportó una ocupación promedio nacional de 112.8 personas por cada 100 espacios disponibles.
La situación resulta particularmente grave en Nayarit y el Estado de México. En la primera entidad se registraron 251.9 personas por cada 100 lugares, mientras que en la segunda la cifra alcanzó 250.2.
En términos prácticos, estos porcentajes reflejan una presión considerable sobre las instalaciones, pues en ambos estados hay alrededor de dos personas y media por cada espacio penitenciario disponible.
La incorporación de nuevos centros podría contribuir a distribuir mejor a la población interna. No obstante, su impacto dependerá de la capacidad operativa de las instalaciones, del número de custodios contratados y de los mecanismos de supervisión que se implementen.
El problema no termina con construir más cárceles
Según el INEGI, el 42.2 por ciento de las personas registradas en el censo de 2026, con información de 2025, no tenía sentencia. El instituto advirtió que la información proporcionada por la Ciudad de México fue parcial y no incluyó los centros penitenciarios para adultos, una limitación que debe considerarse al interpretar las cifras nacionales.
Este panorama evidencia que la política penitenciaria también está relacionada con los tiempos de los procesos judiciales, el acceso a la defensa y la aplicación de las medidas cautelares previstas en la ley.
Por ello, la construcción de nuevos complejos no sustituye la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia ni resuelve automáticamente las condiciones que enfrentan las personas internas.
Sheinbaum sostuvo que su administración ha detenido a 70 mil personas y defendió un modelo penitenciario que contemple oportunidades de trabajo y educación para favorecer la reinserción social. Sin embargo, esa cifra corresponde a detenciones reportadas por el Gobierno y no equivale necesariamente al número de personas que permanecen encarceladas.
La presidenta señaló que las obras se financiarán mediante la coordinación entre el Gobierno federal, las entidades involucradas y la Secretaría de Hacienda, sin recurrir a concesiones privadas.
El proyecto ya había sido anticipado en agosto, cuando Sheinbaum planteó la construcción de alrededor de seis penales para atender el incremento de la población penitenciaria, aunque entonces reconoció que todavía no se habían definido los recursos necesarios.
Ahora, el anuncio avanza hacia una nueva etapa, pero persisten interrogantes sobre los costos, los plazos y la distribución de los 18 mil 480 espacios entre las seis entidades.
También será necesario conocer cómo se garantizará la contratación de personal capacitado, el abastecimiento de servicios médicos, la vigilancia permanente y la implementación de programas educativos y laborales.
Te puede interesar:
MÁS NOTICIAS DE México
