Modernizar el catastro sin poner en riesgo el patrimonio

La casa de una familia, el terreno adquirido con años de ahorro o el local donde funciona una empresa representan mucho más que una cuenta catastral. Son patrimonio, estabilidad y, frecuentemente, el resultado del esfuerzo de varias generaciones. Por eso, cualquier reforma que modifique la forma en que el Estado identifica y administra la información inmobiliaria merece un análisis cuidadoso.

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada el 23 de octubre de 2026, busca modernizar y conectar los catastros y los registros públicos de la propiedad. El propósito es relevante: contar con información compatible y procedimientos más uniformes.

México necesita avanzar en esa dirección. Para un propietario resulta difícil comprender que su escritura describa una superficie, el catastro registre otra y, al intentar vender, aparezcan diferencias que nadie le había advertido. Resolver esas inconsistencias puede consumir tiempo y recursos, además de frustrar operaciones legítimas.

Sin embargo, la calidad de una reforma patrimonial debe medirse por la seguridad que ofrece a las personas. Digitalizar información equivocada puede multiplicar sus consecuencias. Un error que antes permanecía en un expediente local podría reproducirse entre sistemas y convertirse en un obstáculo para vender, hipotecar o transmitir una propiedad.

El primer desafío será garantizar que la información sea correcta antes de convertirla en una referencia compartida entre autoridades.

La ley contempla vincular la información catastral y registral, detectar inconsistencias y corregirlas conforme a la normativa aplicable. También establece que la Clave Única Catastral no acredita, por sí misma, la propiedad ni convalida actos irregulares. Esta precisión del artículo 28 es esencial para evitar que una herramienta administrativa se confunda con un título de dominio.

Desde mi perspectiva, las autoridades deben acompañar esta transición con procedimientos accesibles de aclaración. El ciudadano necesita saber qué dato cambió, cuál es su origen, quién lo modificó y cómo puede controvertirlo. La modernización perdería legitimidad si corregir un error público terminara siendo una carga desproporcionada para el propietario.

La preocupación económica más inmediata es el impuesto predial. Conviene abordarla con rigor: la determinación de las contribuciones inmobiliarias involucra las facultades de los municipios y las legislaturas estatales. La Suprema Corte ha reconocido esa participación compartida en la definición de ingresos municipales y tablas de valores.

Por tanto, atribuir a esta reforma un aumento nacional y automático del predial sería una conclusión incorrecta. Pero también sería imprudente ignorar sus posibles efectos recaudatorios. Una actualización que incorpore construcciones, ampliaciones o características antes omitidas puede repercutir en la base gravable, conforme a la legislación local.

El propietario debe prepararse para una mayor visibilidad de su inmueble ante las autoridades y revisar que cualquier ajuste tenga sustento.

La discusión pública también debe considerar a quienes tienen menor capacidad para afrontar trámites: adultos mayores, familias con sucesiones pendientes y personas que adquirieron mediante contratos privados. Exigir regularización sin ofrecer orientación, facilidades y costos razonables puede profundizar su vulnerabilidad.

Igualmente relevante será proteger la información patrimonial. Vincular datos exige controles de acceso, trazabilidad y responsabilidades claras. La confianza ciudadana dependerá de que existan respuestas eficaces frente a errores, accesos indebidos o alteraciones.

Para los propietarios, la recomendación es concreta: revisar desde ahora la correspondencia entre escritura, inscripción registral, superficie física, construcciones y catastro. No conviene esperar a una venta urgente o a una sucesión para descubrir diferencias acumuladas durante años.

Para las autoridades, la exigencia debe ser igualmente clara: simplificar, explicar y respetar el derecho de defensa.

Una reforma catastral será exitosa cuando el ciudadano pueda acreditar y ejercer sus derechos con mayor facilidad. Recaudar mejor puede ser una consecuencia de contar con información actualizada; proteger el patrimonio debe ser la prioridad que guíe su aplicación.

La certeza de una propiedad se demuestra cuando su dueño puede defenderla, transmitirla y conservarla sin que un error administrativo ponga en duda el esfuerzo de toda una vida.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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