Sinaloa | Norte
¿Se destraba el conflicto de GPO? Canacintra prevé acuerdos antes de terminar 2026
Ohuira recibirá proyectos de infraestructura y vivienda para resolver el conflicto por la instalación de GPO en Topolobampo
El conflicto social que mantiene detenido el avance del proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo podría alcanzar una solución antes de que termine 2026, luego de los avances en las mesas de diálogo con habitantes de Ohuira, donde se han conseguido compromisos de inversión pública y beneficios comunitarios.
Roberto Miranda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Los Mochis, informó que existe una expectativa favorable para concluir las negociaciones durante noviembre y diciembre, lo que permitiría retomar el avance del proyecto industrial a principios de 2027.
El dirigente explicó que las conversaciones han permitido atender demandas que van más allá de las preocupaciones ambientales, pues los habitantes también buscan que la instalación de nuevas industrias se traduzca en mejores condiciones de vida, infraestructura y oportunidades laborales.
Compromisos de Inversión en Ohuira
Uno de los principales compromisos es la inversión de 30 millones de pesos anunciada por el Gobierno del Estado, destinada a atender necesidades de vivienda e infraestructura en Ohuira, comunidad cercana a la zona donde se proyecta instalar la planta.
Miranda confirmó que estos recursos forman parte de los compromisos derivados de las mesas de diálogo, en las que los habitantes han expuesto rezagos históricos en servicios básicos.
"Sí, eso es parte de lo que se ha logrado y de lo que llevaron ellos a las mesas de diálogo, como te decía, ese rezago que traen socialmente de que hay lugares donde aún adolecen de servicios públicos básicos como es el agua, el drenaje, la luz", expresó.
El presidente de Canacintra aclaró que los 30 millones de pesos del Gobierno de Sinaloa son independientes de los programas y proyectos de beneficio social que contemplan las empresas involucradas en el desarrollo industrial.
También señaló que se analiza incorporar oportunidades educativas y de capacitación para que los habitantes de las comunidades cercanas puedan prepararse y eventualmente acceder a empleos dentro de las nuevas industrias.
"Tengo entendido que está también el tema de educación, no sé si en un punto va a ser como campus o va a ser asesoría, pero la intención es incorporar a esa gente y, si bien, irlos preparando para que a futuro puedan ser parte de estas industrias", indicó.
Oportunidades Educativas y Capacitación
Miranda señaló que durante una reunión con autoridades estatales se informó sobre avances en la atención de las demandas de los habitantes, incluidas las relacionadas con el impacto ambiental y los ajustes a la ingeniería del proyecto.
El dirigente consideró necesario que las inversiones industriales generen beneficios directos para las comunidades donde se instalan, en lugar de concentrar sus efectos económicos fuera de la región.
"Si esa inversión, esa infraestructura no salpica aquí a la región, que acaso tiene a veces tener ese tipo, y hablo en general, cualquier industria", manifestó.
Respecto a la posibilidad de liberar el conflicto antes de concluir el año, expresó que tienen confianza en que la empresa avance con la modificación del proyecto y también se pueda dar certeza a nuevas inversiones llegando a un acuerdo con los manifestantes.
"Sí, esperemos que en este, pues prácticamente dos meses que quedan para cierre del 2026, ya podamos haber avanzado y cerrado toda esta participación, este tema", expresó.
Miranda reconoció que las manifestaciones también cumplen una función de vigilancia ciudadana sobre la protección de la bahía y los espacios naturales, por lo que consideró deseable alcanzar acuerdos que permitan continuar con los proyectos sin dejar de atender las preocupaciones de la población.
Como parte de los compromisos abordados en las mesas de diálogo con habitantes de Ohuira, la gobernadora Graciela Domínguez Nava anunció una inversión aproximada de 30 millones de pesos para obras de infraestructura básica, principalmente en redes de agua potable, drenaje y mejoramiento de vialidades.
La mandataria informó que los proyectos se encuentran en proceso de licitación y que, de manera independiente, se gestionan ante el Gobierno federal programas de vivienda para atender las necesidades de las familias de la región.
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