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Estas pueden ser las consecuencias para Elota y Escuinapa tras reprobar cuentas públicas
La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa, Erika Rubí Martínez, indicó que la Auditoría determinará las responsabilidades de cada ayuntamiento
Faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves o la persecución de un posible delito son los tres escenarios legales que enfrentarán los ayuntamientos de Elota y Escuinapa tras la desaprobación de sus cuentas públicas.
En entrevista exclusiva para Luz Noticias, la presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Congreso de Sinaloa, Erika Rubí Martínez Rodríguez, explicó que estas consecuencias no recaen de forma automática sobre los alcaldes ni implican su destitución inmediata, sino que aplican al municipio como ente fiscalizado.
La legisladora recordó que la comisión ya cumplió con el análisis del informe final y aclaró que la votación definitiva de los 20 municipios deberá quedar resuelta en el pleno del Congreso a más tardar el 30 de noviembre.
Una vez cumplido ese paso en la sede legislativa, el expediente pasará de nuevo a manos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para deslindar las responsabilidades correspondientes.
"Son tres supuestos que se manejan: faltas administrativas no graves, faltas administrativas graves y, en su caso, un posible delito; pero no lo determinamos nosotros directamente en la comisión ni en el pleno (...). La desaprobación no significa automáticamente que el presidente municipal sea sancionado o tenga una responsabilidad penal directamente; esto ya se determina por parte de los procedimientos legales de la Auditoría Superior del Estado", dijo.
Proceso definitivo y etapa de investigación
Martínez Rodríguez dejó en claro que la etapa para que las administraciones de Elota y Escuinapa entregaran comprobantes o solventaran inconsistencias financieras ya concluyó, por lo que el dictamen emitido por la comisión es firme y no existe marcha atrás para revertir la desaprobación.
Finalmente, la diputada local puntualizó que el trabajo legislativo abre la puerta para que el órgano fiscalizador del estado inicie el rastreo detallado de las faltas cometidas en cada ayuntamiento.
El proceso de aclaración ya pasó. Ahorita lo que la Auditoría Superior del Estado tiene que realizar, después de que las pasemos a pleno, es ya las investigaciones de cuáles fueron en sí estas faltas (...).
La fiscalización no termina en la votación del Congreso; continúa hasta que las observaciones y las posibles responsabilidades reciban la atención que establece la ley.
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