Sinaloa | Norte
Taxistas destituyen a Rigoberto Rodríguez en medio de golpes y demandas ante la fiscalía
El conflicto sindical se originó por supuestas irregularidades en el otorgamiento de concesiones y el respeto al derecho de las viudas y las familias de los trabajadores.

FOTO: Luz Noticias.
La Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa destituyó al secretario General Rigoberto Rodríguez en medio de golpes y denuncias ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades en el otorgamiento de concesiones supuestamente irregulares y el desconocimiento de los derechos de las viudas de los trabajadores fallecidos.
El pasado martes 27 de mayo se realizó una asamblea donde fue destituido el secretario general Rigoberto Rodríguez por los socios de la unión. En su lugar fue reconocido como secretario general sustituto Enrique Palma Medina, quien presentó su toma de nota federal y fue avalado por notario público y por la Comisión de Honor y Justicia del sindicato.
El miércoles, los nuevos representantes realizaron el cambio de cerraduras en presencia de un notario público, formalizando así la renovación de la dirigencia sindical.
Pero la situación escaló este jueves en la madrugada, cuando el exlíder acudió presuntamente de manera ilegal a las oficinas del gremio para cambiar nuevamente las chapas y tomar control del lugar.

"Pedí la palabra en la asamblea y exigí su renuncia por dignidad, pues ya no contaba con la confianza de la mayoría. Yo soy el suplente con toma de nota vigente hasta el 27 de diciembre, y asumo la responsabilidad de encabezar el sindicato para restablecer el orden y la legalidad", indicó.

Denuncias contra el ex Secretario General
Según Palma Medina, las acusaciones contra Rodríguez incluyen la asignación irregular de permisos a personas externas, desplazando a familiares directos de trabajadores fallecidos, y el bloqueo de aplicaciones a taxistas que no simpatizaban con él. Además, se le señala de intentar reelegirse de forma ilegal, violando el estatuto reformado en mayo de 2019, en el marco de la nueva legislación sindical promovida por el gobierno federal.
"Él pretendía adelantar las elecciones para el 10 de junio, justo antes de enfrentar su audiencia judicial del día 13, donde deberá responder por al menos nueve denuncias presentadas por permisionarios", explicó.

Se detalló que actualmente son alrededor de 700 agremiados, muchos de los cuales se sienten amenazados por las represalias del grupo saliente, Pero aseguró que no busca venganza, sino "restablecer la paz laboral y la legalidad", y adelantó que las elecciones formales deberán realizarse en octubre, como lo marca el estatuto.
El conflicto se mantiene tenso, y se espera la llegada del notario público para levantar acta de los daños y violaciones ocurridas tras la irrupción ilegal. Mientras tanto, la Comisión de Honor y Justicia ha iniciado el proceso para presentar las denuncias correspondientes por los hechos recientes.

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