México
Proponen cárcel y multas por atribuir falsa paternidad en México
Desde que se dio a conocer, la propuesta ha generado opiniones opuestas en redes sociales.
FOTO: El proyecto define dos conductas específicas como delito.
En una iniciativa legislativa que ya ha generado fuerte debate, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una propuesta para tipificar como delito la atribución falsa de paternidad con fines económicos, planteando sanciones de prisión, multas y la devolución de recursos al afectado.
La propuesta, impulsada por el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, busca adicionar el artículo 390 Ter al Código Penal Federal. El texto legislativo contempla castigar con uno a cinco años de prisión, multas de 100 a 1,000 días de salario mínimo (entre 27 mil 880 y 278 mil 800 pesos) y la obligación de reparar el daño, incluyendo el reembolso de pensiones alimenticias pagadas por un hombre que no sea el padre biológico.
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Especificaciones
El proyecto define dos conductas específicas como delito:
- Registrar o intentar registrar a un menor atribuyendo falsamente la paternidad a un hombre que no corresponde.
- Usar la existencia de un menor para ocultar, transferir o adquirir bienes o ingresos económicos en perjuicio de otra persona.
Núñez Aguilar argumenta que la medida responde a datos que revelan la existencia de casos significativos de "falsa paternidad". Citó un estudio británico que estima que 1 de cada 50 hombres ha criado hijos que no son biológicamente suyos sin saberlo, lo que califica como una forma de abuso y fraude.
Desde que se dio a conocer, la propuesta ha polarizado opiniones en redes sociales. Sus defensores la ven como una forma de proteger el patrimonio y derechos de los hombres que han sido engañados. Sin embargo, críticos advierten que podría derivar en discriminación hacia mujeres y personas gestantes, además de que en casos complejos de filiación, el sistema de justicia podría no garantizar un fallo justo.
También se ha puesto sobre la mesa la pregunta de fondo: si una sanción penal es la vía más adecuada para dirimir conflictos familiares y de identidad biológica, o si deberían priorizarse mecanismos civiles y de mediación.
Por ahora, la iniciativa sigue en análisis legislativo, pero ya se perfila como uno de los temas más controvertidos de la agenda del Congreso.
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