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"Si presentan pruebas, todos deben someterse a la justicia": Rocha Moya por declaraciones de "El Mayo"
El gobernador respaldó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que llamó a presentar las denuncias correspondientes y no solo hacer señalamientos
Luego de que Ismael "El Mayo" Zambada confesara en una audiencia que durante décadas sobornó a políticos para poder traficar drogas, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo un llamado a presentar las pruebas correspondientes, y aseguró que, en caso de haberlas, cualquier señalado estará obligado a someterse a la justicia.
En entrevista, el mandatario sinaloense dijo que "todo puede ocurrir" en el caso Zambada, sin embargo, respaldó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien exhortó a realizar las denuncias correspondientes, pues mientras se trate de puros dichos, no hay delito que perseguir en México.
"Todo puede ocurrir, simplemente deben haber las denuncias respectivas y así lo dijo la presidenta, tiene que haber denuncias y pruebas, y si eso ocurre pues obvio que todo mundo está obligado a someterse a la justicia", dijo.
Durante la audiencia realizada el 25 de agosto en Nueva York, "El Mayo" Zambada leyó una carta en la que relató de manera sintetizada 50 años de su historia como fundador del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes e importantes a nivel mundial.
Contó que se inició en el narcotráfico en el año de 1967, traficando marihuana cuando apenas era un joven de 19 años de edad; posteriormente, tejió una red de socios y cómplices que lo llevaron a ampliar el trasiego de estupefacientes, traficando cocaína desde Sudamérica y otras drogas hacia los Estados Unidos, fundando el Cártel de Sinaloa.
También narró que hasta el día de su captura, según sus cálculos, traficó alrededor de 1.5 millones de kilogramos de cocaína y la mayor parte de la mercancía tuvo a Estados Unidos como destino; además, para traficar esas cantidades de droga utilizó la corrupción como pieza clave durante toda su trayectoria criminal, sobornando a policías, mandos militares y políticos mexicanos.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen pruebas que relacionen a funcionarios públicos o militares con grupos del crimen organizado.
Dijo que, en caso de surgir pruebas de algún funcionario público vinculado con el crimen organizado, se realizaría la investigación a partir de una denuncia.Â
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que las detenciones registradas hasta ahora han sido principalmente de autoridades locales, como policías municipales y estatales, pero no de militares, marinos ni políticos.
Ambos funcionarios coincidieron en que las imputaciones derivadas de declaraciones de criminales no son suficientes para proceder legalmente, ya que además del señalamiento debe existir una comprobación sólida.
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