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ONU no emitió alerta contra planta de fertilizantes en Topolobampo: Gobierno de México

La Organización de las Naciones Unidas aclaró que su único objetivo fue recabar información, sin que existiera pronunciamiento, alerta o recomendación alguna contra el proyecto.

FOTO: Luz Noticias.
FOTO: Luz Noticias.

En medio de la controversia que rodea a la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en el puerto de Topolobampo, el Gobierno de México confirmó que la Organización de las Naciones Unidas no ha emitido ninguna alerta, condena, recomendación ni solicitud de cancelación del proyecto.

De acuerdo con la respuesta oficial enviada por el Estado mexicano a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a través de la Misión Permanente de México en Ginebra, los relatores especiales de la ONU no formularon conclusiones propias ni juicios de valor sobre la planta, y su intervención se limitó a un procedimiento institucional estándar: solicitar información oficial a los gobiernos de México, Suiza y Alemania, así como al Banco de Reconstrucción de Alemania, en relación con denuncias recibidas.

La comunicación, fechada el 19 de septiembre de 2025, tuvo como único objetivo recabar información, sin que existiera pronunciamiento, alerta o recomendación alguna contra el proyecto.

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El Gobierno de México precisó que los puntos incluidos en la comunicación de los relatores derivan de denuncias expuestas por integrantes del Colectivo "Aquí No" y otros opositores, quienes manifestaron sus preocupaciones en reuniones comunitarias y consultas realizadas en Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.

Estas expresiones, señala el documento, no corresponden a hallazgos ni conclusiones de la ONU, sino a relatos y posicionamientos de los quejosos que fueron trasladados a los Estados involucrados para su aclaración, sin ser validados ni asumidos por los relatores.

Denuncias y señalamientos

La ONU y el Gobierno de México aclararon que dichas denuncias comenzaron a circular públicamente como si se tratara de una advertencia directa de Naciones Unidas, generando una narrativa de "alerta internacional" que no coincide con el contenido real de la comunicación oficial.

Entre los señalamientos difundidos se encuentran presuntos incumplimientos de normas internacionales, riesgos por fugas de amoniaco, omisiones en la consulta indígena y supuestas amenazas contra opositores. Todos esos puntos, subraya el informe, fueron planteados por terceros, no por la ONU.

En la respuesta enviada al sistema de Naciones Unidas, el Estado mexicano expone que el proyecto fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental ante la Semarnat, cuenta con autorización ambiental condicionada vigente, y se encuentra bajo supervisión permanente de Profepa.

Asimismo, se documenta que se llevó a cabo una Consulta Previa, Libre e Informada al Pueblo Mayo-Yoreme, conforme a estándares constitucionales e internacionales, en cumplimiento de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras la reposición del procedimiento derivada de amparos.

El Gobierno también informó que se han implementado medidas de prevención, mitigación y monitoreo ambiental, al tratarse de una zona considerada de alta relevancia ecológica.

Con base en estos elementos, el Estado mexicano comunicó que se acredita el cumplimiento normativo y el respeto a los derechos humanos, por lo que se valida la continuidad del proyecto.

Las comunicaciones oficiales y las respuestas de los gobiernos y actores involucrados pueden consultarse en: https://goo.su/2lBEzt.

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