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Suman 57 funcionarios sancionados en Sinaloa por incumplir con temas de transparencia
La Secretaría de Transparencia y Rendición advirtió que la omisión en declaraciones y protocolos de entrega-recepción genera sanciones inmediatas.
Sandra Ángulo Cázarez, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, reveló que durante el último ejercicio se aplicaron medidas correctivas contra 57 funcionarios estatales por diversas omisiones administrativas.
En entrevista exclusiva para Luz Noticias, la funcionaria detalló que el mayor número de sanciones se concentra en dos faltas principales: la omisión en la presentación de la declaración patrimonial y el incumplimiento en los protocolos de entrega-recepción de cargos.
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El balance de funcionarios castigados se divide de la siguiente manera:
- 38 sanciones relacionadas con irregularidades en los actos de entrega y recepción, que ocurren cuando los servidores públicos no acuden en la fecha notificada para entregar formalmente su encargo conforme a la ley.
- 19 sanciones por no presentar la declaración patrimonial en tiempo y forma.
Angulo Cázarez señaló que, en muchos casos, la falta de declaración ocurre por desconocimiento de la norma.
Ante esto, anunció que en mayo de 2026 iniciará una campaña informativa intensiva para que los trabajadores del estado cumplan con la declaración correspondiente al ejercicio 2025.
"Es nuestra obligación como funcionarios públicos declarar. Vamos a estarles recordando esa importancia, pues el incumplimiento lleva a cabo una sanción de carácter administrativo", enfatizó.
Vigilancia ciudadana y enriquecimiento
La Secretaria recordó que, a través de la plataforma Declaranet Sinaloa, cualquier ciudadano puede consultar las propiedades, créditos y vehículos declarados por los servidores públicos, a excepción de los datos sensibles protegidos por ley.
Al ser cuestionada sobre posibles casos de enriquecimiento inexplicable, Ángulo Cázarez fue clara en el alcance de la dependencia: su facultad inicial es garantizar que el requisito de la declaración se cumpla, pero ante cualquier sospecha o denuncia ciudadana, se activa un protocolo de seguimiento.
"Si existe una denuncia por parte de la ciudadanía contra algún funcionario, le damos seguimiento. Si se encuentra en algún supuesto de enriquecimiento, ya existen otras instancias que determinan si hay en sí un delito", puntualizó.
Finalmente, reiteró que la instrucción del Ejecutivo es mantener una vigilancia preventiva y un acompañamiento constante para asegurar que el ejercicio de la función pública se realice bajo los principios de legalidad y rendición de cuentas.
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