Política
Congreso de Sinaloa avala reforma que anula elecciones por intervención extranjera
Con 32 votos a favor y 6 en contra, el Poder Legislativo local modificó el artículo 41 de la Constitución
El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa avaló por mayoría de 32 votos a favor y 6 en contra la minuta de reforma constitucional remitida por el Senado de la República que establece la nulidad de elecciones federales o locales cuando se acredite la intervención o injerencia extranjera.
La votación sumó el respaldo de los bloques parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Sinaloense (PAS).
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En contraparte, las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) emitieron su voto en contra, registrándose cero abstenciones.
Con este resultado, Sinaloa se suma a las legislaturas locales que ratifican la modificación a la Base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Morena: se trata de defender la soberanía
Desde el lado oficialista, los diputados señalaron que la adición de esta causal de nulidad constituye un blindaje necesario para la democracia nacional ante las nuevas dinámicas globales de manipulación informativa y financiamiento exterior.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, subió a tribuna para defender la relevancia de la reforma aprobada previamente por el Congreso de la Unión, señalando que el objetivo primordial es blindar la voluntad ciudadana de presiones externas.
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"Se trata de fortalecer el marco político de nuestro país para proteger la soberanía nacional y garantizar que las elecciones de México sean exclusivamente decisiones de las y los ciudadanos. La reforma incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando se acredite una intervención o injerencia extranjera que resulte determinante en su desarrollo o en el resultado de la elección", dijo.
El legislador enfatizó que la medida no representa un riesgo para las garantías individuales ni para el debate político interno.
"Es importante decir con toda claridad que esta reforma no limita libertades, no restringe la participación democrática y no vulnera derechos políticos. Lo que hace es proteger la autodeterminación del sufragio", señaló.
Oposición advierte ambigüedad e incertidumbre electoral
Por el contrario, el bloque opositor criticó el fondo y las formas de la aprobación, argumentando que la redacción de la reforma carece de precisión técnica y podría ser utilizada de manera discrecional para deslegitimar procesos electorales cuyos resultados no favorezcan al grupo en el poder.
La diputada del PRI, Paola Gárate Valenzuela, advirtió que la soberanía nacional está siendo utilizada como un argumento discursivo para legislar de manera coyuntural.
"Votamos en contra porque no es una defensa de la soberanía, no. Es una reforma electoral hecha con toda prisa, con completa ambigüedad. Nadie en esta tribuna puede estar a favor de que un gobierno, una organización, una persona extranjera venga aquí a decidir por el pueblo de México; la soberanía se defiende siempre. Pero una cosa es defender la soberanía y otra, muy, muy distinta, es usar esa palabra como pretexto para sembrar incertidumbre sobre la validez de las elecciones", manifestó.
La legisladora priista subrayó que las causales de nulidad en el marco jurídico mexicano históricamente se han construido a partir de experiencias concretas y consensos colectivos, y no bajo cálculos políticos inmediatos.
"Preocupa gravemente esta reforma porque no nace de una exigencia ciudadana, no nace de un consenso entre diversas fuerzas políticas, nace desde el grupo y el poder, y en materia electoral todos sabemos que ninguna reforma es inocente", concluyó.
Alcances del dictamen
Tras la aprobación en el Congreso de Sinaloa, el decreto continuará su ruta de validación en el resto de los congresos estatales.
Una vez alcanzada la ratificación de la mayoría de las entidades y realizada la declaratoria de constitucionalidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedará facultado para declarar la nulidad de un proceso electoral cuando se demuestre que existió injerencia extranjera grave, dolosa y determinante para el resultado de las urnas.
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