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Sader entregó tarjetas del Bienestar en Sinaloa, pero el pago no llega a productores

La Liga Agraria de Sinaloa advierte que la dispersión del apoyo federal avanza lentamente

El programa anunciado por los gobiernos federal y estatal contempla a 26 mil 800 productores y una cosecha de aproximadamente 3.5 millones de toneladas de maíz blanco, obtenidas en más de 348 mil hectáreas durante el ciclo otoño-invierno 2025-2026
El programa anunciado por los gobiernos federal y estatal contempla a 26 mil 800 productores y una cosecha de aproximadamente 3.5 millones de toneladas de maíz blanco, obtenidas en más de 348 mil hectáreas durante el ciclo otoño-invierno 2025-2026

Productores de maíz de Sinaloa ya comenzaron a recibir las tarjetas del Banco del Bienestar para cobrar el apoyo federal de 800 pesos por tonelada, pero en algunos casos el plástico llegó antes que el dinero, denunció Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa.

Tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el dirigente agrario señaló que existen productores que ya tienen en sus manos la tarjeta donde deberá depositarse el incentivo, pero al consultar su saldo todavía no encuentran disponibles los recursos.

"Muy contados, gente a la que ha llegado su tarjeta y no han tenido la posibilidad de disponer de recurso, ya que radicado el apoyo, entonces fue lo que nos expresó el representante de SADER en Sinaloa. Hemos constituido una comisión y tenemos una relación de nombres para darle seguimiento", expresó.

El dirigente estimó que el proceso presenta un avance cercano al 20 por ciento, por lo que la Liga Agraria integró una comisión que dará seguimiento permanente al pago de los incentivos.

La expectativa es que el proceso se acelere durante los próximos días. López Miranda estimó que entre martes y jueves de la próxima semana podrían entregarse entre 13 mil y 16 mil tarjetas, dentro del universo de productores que esperan recibir el incentivo.

Avances en la entrega de apoyos

El esquema federal contempla oficialmente un apoyo de 800 pesos por tonelada de maíz, y las autoridades anunciaron desde el pasado 4 de agosto que los depósitos serán realizados directamente mediante tarjetas del Banco del Bienestar. En el arranque, fueron entregadas las primeras 580 tarjetas.

El programa anunciado por los gobiernos federal y estatal contempla a 26 mil 800 productores y una cosecha de aproximadamente 3.5 millones de toneladas de maíz blanco, obtenidas en más de 348 mil hectáreas durante el ciclo otoño-invierno 2025-2026.

El respaldo acordado para los productores contempla un paquete de hasta mil 700 pesos por tonelada, compuesto por 800 pesos del Gobierno Federal, 400 pesos del Gobierno de Sinaloa y 500 pesos vinculados al financiamiento del cultivo.

Sin embargo, López Miranda aseguró que tampoco se ha completado la dispersión correspondiente al componente estatal.

De los 400 pesos por tonelada comprometidos por el Gobierno de Sinaloa, estimó que solamente alrededor del 40 por ciento se ha reflejado hasta el momento, por lo que miles de agricultores continúan esperando recursos después de haber concluido la cosecha y comercialización.

La titular de SADER, Columba Jazmín López Gutiérrez, se comprometió durante su reciente visita a Sinaloa a que los pagos pendientes sean liquidados antes de que termine agosto.

Impacto en los créditos agrícolas

Pero el retraso en la llegada del dinero ya está generando otra preocupación para el sector agrícola: los vencimientos de los créditos contratados para establecer las siembras.

López Miranda advirtió que existen productores cuyos financiamientos ya llegaron a su fecha límite sin que hayan recibido la totalidad de los apoyos prometidos, provocando que comiencen a generarse intereses moratorios.

Ante esta situación, la Liga Agraria solicitará al secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, que gestione ante la titular de SADER un mecanismo para congelar los intereses moratorios mientras termina la dispersión de los recursos.

El argumento de los productores es que no deberían asumir un costo financiero adicional derivado del tiempo que está tomando la entrega de apoyos gubernamentales.

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