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"Son herramientas para gastos extraordinarios": secretario de Finanzas sobre nuevo crédito del gobierno estatal

Joaquín Landeros Guícho explicó que la solicitud de mil 100 millones de pesos responde a un desfase de 900 millones en participaciones federales.

Samuel Mariscal
16/09/26

Son herramientas para gastos extraordinarios: secretario de Finanzas sobre nuevo crédito del gobierno estatal

El crédito por mil 100 millones de pesos recientemente solicitado por el Gobierno del Estado es un mecanismo financiero para atender emergencias, gastos extraordinarios y el desfase en las participaciones federales, afirmó Joaquín Landeros Güicho.

El secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa precisó que, al corte del mes de septiembre, las participaciones federales se ubican alrededor de 900 millones de pesos por debajo de las proyecciones contempladas en la Ley de Ingresos, un faltante que impacta tanto a las arcas estatales como a los municipios.

Impacto del desfase en participaciones federales

"Son créditos a corto plazo, son herramientas financieras que el gobierno regularmente utiliza para flujos, para sus gastos extraordinarios, para complementar gastos que no estaban proyectados. Como nos quedamos un poco cortos con lo que se proyectó a nivel federal, tenemos que ejercer esas herramientas para asumir los compromisos de manera general", dijo.

El titular de las finanzas estatales recordó que el recurso de corto plazo no sustituye deuda ni compromete el patrimonio público.

Condiciones del nuevo financiamiento

Detalló que, tras un convenio firmado recientemente con el Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda, las entidades recibirán una reposición parcial de los fondos pendientes, con los cuales se buscará abonar y sanear las cuentas crediticias de forma anticipada.

Landeros Güicho enfatizó que el contrato de financiamiento, adjudicado a las instituciones BBVA México y Santander México tras derivar del proceso de licitación con el costo financiero más bajo, se apega estrictamente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual obliga al Ejecutivo a liquidar la totalidad de la deuda a más tardar el 31 de julio de 2027, tres meses antes de concluir la gestión gubernamental.

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