¡Justicia para doña Carlota! Adulta mayor recupera su casa tras una orden judicial de restitución

Un tribunal con sede en Texcoco ordenó la restitución formal de la vivienda ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México, reconociendo legalmente a la familia como la legítima propietaria del inmueble tras más de un año de disputa legal. 

Esta resolución judicial marca el regreso formal de la familia a la propiedad para tomar posesión y evaluar los daños estructurales dejados por la ocupación ilegal.

El origen del conflicto y el proceso legal

El inmueble se convirtió en el epicentro de uno de los casos de despojo más sonados del país a raíz de los hechos ocurridos el 1 de abril de 2025. 

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En esa fecha, la adulta mayor de 74 años acudió a su domicilio para enfrentar a un grupo de personas que presuntamente habían invadido el lugar.

Tras una discusión que escaló de tono, se registró un enfrentamiento donde perdieron la vida dos personas y un menor resultó lesionado.

Actualmente, la propietaria enfrenta su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria en Chicoloapan debido a su edad avanzada y padecimientos como hipertensión y diabetes, portando un brazalete electrónico. 

En tanto, sus hijos continúan recluidos en prisión preventiva mientras avanza la investigación, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene procesados a los sobrevivientes de la invasión por los delitos de despojo y robo a casa habitación.

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Impacto social y siguientes pasos

El revuelo generado por este episodio dio pie al surgimiento del Movimiento Doña Carlota, una iniciativa ciudadana enfocada en visibilizar y combatir la problemática de las mafias inmobiliarias en el valle mexiquense.

En los próximos días, la familia acudirá al domicilio para realizar una inspección física y constatar las condiciones en las que quedó la casa. 

Por su parte, la audiencia intermedia del proceso penal, prevista inicialmente para este mes, fue aplazada a solicitud de la defensa de los presuntos invasores, por lo que las diligencias legales continuarán su curso en los tribunales mexiquenses.

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