Vinculan a proceso a Gerardo Vargas por la renta irregular de patrullas, lo acusan de dos delitos

Cabe resaltar que solo Vargas Landeros es el único vinculado a ambos delitos. El resto de los funcionarios solo fue vinculado al delito de Ejercicio Indebido de la Función Pública

Gerardo Octavio Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, es vinculado a proceso por los delitos del Desempeño Irregular de la Función Pública y de Ejercicio Indebido de la Función Pública.

La audiencia fue celebrada la mañana del 8 de julio y presidida por el juez de Control Penal Carlos Alberto Herrera en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Centro, en Culiacán.

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Entre los implicados se encuentran Gerardo Octavio Vargas Landeros, Genaro García Castro, ex secretario del ayuntamiento; Julio César Romanillo Montoya, ex secretario de Seguridad; Antonio Humberto Vega Arellano, ex tesorero; Gerardo Hervás Quindos, ex director de Administración; Héctor Adonai Beltrán, ex director de Egresos; Mary Sol Morales y Judith Luna Castro, ambas ex regidoras; y Fausto Ibarra Celis, ex director del Órgano y Control.

Cabe resaltar que solo Vargas Landeros es el único vinculado a ambos delitos. El resto de los funcionarios solo fue vinculado al delito de Ejercicio Indebido de la Función Pública.

Argumentos de los abogados durante la audiencia

La defensa de los implicados argumentó que este arrendamiento no generó ningún detrimento al municipio, esto, agregaron, siendo lo contrario.

Luego de la pandemia de COVID-19, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se permitía adquirir cualquier tipo de bien o inmueble que ayudara a fortalecer a las entidades en materia de Salud y Seguridad.

Los abogados expresaron que el municipio de Ahome, de 2018 a 2020, la inseguridad superaba el 50%, por lo que, al adquirir las patrullas por el que se les implicó a los imputados en 2021, la inseguridad disminuyó al 24.7% de 2022 a 2025.

Julio César Romanillo Montoya

Por su parte, la defensa de Romanillo Montoya aseguró que el ex funcionario no pertenecía al Comité de Adquisiciones, por lo tanto no tuvo injerencia en el contrato y solo firmó un documento donde su participación fue como corresponsable, no como persona contratante.

Sin embargo, dos de sus subordinados, el titular de la Dirección de Administración y el titular de la Dirección de Vialidad, fueron quienes asistieron a la sesión del Comité de Adquisiciones y manifestaron la necesidad de adquirir estas patrullas.

Argumentos del Juez

El juez Carlos Alberto Herrera, calificó que no existía una urgencia real para la contratación de las patrullas como la defensa de los imputados argumentaba, y agregó que 32 de estas patrullas fueron asignadas a áreas administrativas y no permanecieron en la secretaría de Seguridad, reforzando su argumento.

Expresó que los funcionarios pertenecientes al Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome realizaron ilegalmente la liberación del contrato y estos funcionarios emitieron su voto y firma en este delito, por lo tanto, debieron ser vinculados a proceso.

Medidas Cautelares

Como medida cautelar, el juez ordenó a Gerardo Vargas Landeros, así como a los 8 restantes funcionario asiste de manera mensual por seis meses a la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).

Dentro de estos seis meses, los implicados, junto con sus defensas, tendrán que reunir todas las pruebas necesarias para continuar el proceso.

Desempeño irregular de la función pública

Vargas Landeros enfrenta acusaciones por desempeño irregular de la función pública, mientras que otros funcionarios, como Genaro García Castro y Julio César Romanillo Montoya, están señalados por el ejercicio indebido de la función pública, en relación con el polémico contrato de arrendamiento de 135 patrullas firmado en 2021 por un monto superior a los 171 millones de pesos.

El contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V., identificado como DA-ARRENDAMIENTO-018-2021, fue adjudicado de forma directa, sin licitación pública, amparándose en una excepción contemplada en la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa. La decisión fue aprobada por el cabildo ahomense el 9 de diciembre de 2021, comprometiendo recursos de los ejercicios fiscales de 2021 a 2024.

Las patrullas incluían motocicletas, cuatrimotos, camionetas tipo pick-up y automóviles, cuya renta mensual sería cubierta con presupuesto municipal. El contrato contemplaba la opción de compra al término del arrendamiento, a valor residual.

La ASE emitió observaciones al Ayuntamiento de Ahome

La Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitieron observaciones relevantes. La ASE señaló que el procedimiento debió realizarse mediante licitación pública, además de advertir la omisión de la fianza de garantía.

Por su parte, la ASF detectó un probable daño al erario por 14.5 millones de pesos, al no haber evidencia del uso real de las unidades arrendadas.