México
FGR ordena que los retenes se apeguen a la ley tras denuncias de cobros en Chihuahua
FGR pone freno a retenes fuera de la ley en Chihuahua; denuncias por presuntos cobros de hasta 20 mil pesos.
Tras meses de señalamientos por presuntos abusos, extorsiones y cobros ilegales a transportistas y automovilistas en la carretera Chihuahua-Juárez, la Fiscalía General de la República ordenó restringir los puntos de revisión que no estén sustentados en investigaciones ministeriales.
Los retenes instalados en las carreteras de Chihuahua quedaron bajo la lupa de las autoridades federales. Luego de meses de denuncias ciudadanas por presuntos cobros ilegales, amenazas y malos tratos contra conductores.
La Fiscalía General de la República (FGR) estableció una prohibición expresa para instalar puntos de revisión que no estén relacionados con investigaciones y que no cuenten con la conducción del Ministerio Público de la Federación.
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La determinación, que representa un nuevo capítulo en la polémica por los operativos carreteros, fue comunicada a la senadora Nora Yu Hernández mediante un oficio firmado por Gerardo Esquivel Ayala, titular de la Subunidad de Apoyo Jurídico de la FGR.
De acuerdo con el documento identificado con el folio FGR-AICSUAJ-02197-2026, la instrucción entró en vigor el pasado 26 de octubre y establece que no podrán instalarse filtros que no estén vinculados con el desarrollo de técnicas y actos de investigación bajo el mando y conducción del Ministerio Público Federal.
La respuesta oficial, entregada a la legisladora el 9 de noviembre, llega después de que transportistas, automovilistas y representantes de la iniciativa privada denunciaran presuntas irregularidades en distintos puntos de revisión, particularmente en el corredor carretero que conecta Ciudad Juárez con Chihuahua.
De los operativos de seguridad a los presuntos cobros ilegales
El caso tomó mayor relevancia durante agosto de 2026, cuando comenzaron a difundirse denuncias sobre supuestos pagos exigidos a operadores de transporte de carga para permitirles continuar sus recorridos.
El 12 de agosto, El Diario publicó declaraciones de Édgar Olivas, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas de México (Conatram), quien señaló que presuntos agentes instalados en retenes de la carretera Chihuahua-Juárez solicitaban cantidades de hasta 20 mil pesos a los conductores.
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Según los testimonios incorporados en la denuncia presentada ante la autoridad federal, los operadores enfrentaban revisiones y demoras que, en determinados casos, presuntamente terminaban en exigencias económicas bajo amenazas de multas o de retener sus unidades.
Las inconformidades también alcanzaron tres puntos de revisión ubicados en las inmediaciones de Precos, en Samalayuca, donde participaban elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la propia Fiscalía General de la República.
La gravedad de los señalamientos llevó a la FGR a abrir, un mes antes de la emisión de la nueva disposición, una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el probable delito de cohecho.
La conducta denunciada está contemplada en el artículo 222, fracción I, del Código Penal Federal. Como parte de las diligencias, la Fiscalía solicitó a la senadora información detallada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos, con el propósito de identificar a los posibles responsables.
Denuncias que no comenzaron este año
Los señalamientos contra los retenes carreteros no son recientes. Existen antecedentes que muestran que las quejas por presuntos abusos se han mantenido durante meses.
En enero de 2026, una maestra denunció que dos oficiales la detuvieron durante un recorrido por carretera y le aseguraron que su vehículo circulaba ilegalmente en el país. Aunque presentó copias de los documentos que acreditaban su propiedad y legalización, presuntamente le exigieron 10 mil pesos para evitar consecuencias.
- La mujer se negó a entregar el dinero y optó por fotografiar los vehículos de los agentes que participaban en el operativo.
Otro antecedente fue publicado por El Diario el 23 de noviembre de 2025, cuando un pasajero que solicitó permanecer en el anonimato por motivos de seguridad relató que entregaba dinero de manera recurrente en un punto de revisión ubicado en el kilómetro 301, en Samalayuca.
Según su testimonio, los elementos se identificaban como integrantes de la FGR.
Estos relatos, sumados a las denuncias de los transportistas, colocaron en el centro del debate la legalidad de los filtros carreteros y los mecanismos de supervisión sobre los servidores públicos encargados de realizarlos.
La prohibición abre interrogantes sobre la vigilancia carretera
Tras conocerse las denuncias, representantes de la iniciativa privada cuestionaron la operación de estos puntos de revisión y llamaron a los ciudadanos a reportar cualquier posible abuso de autoridad o exigencia de dinero.
Ahora, con la instrucción de la FGR, el desafío será garantizar que los operativos de seguridad se desarrollen dentro del marco legal, sin convertirse en espacios de intimidación o presuntos mecanismos de extorsión.
La disposición no significa que las autoridades federales pierdan sus facultades para realizar inspecciones e investigaciones, sino que deberán actuar conforme a sus atribuciones y bajo la conducción ministerial cuando se trate de técnicas y actos de investigación.
Sin embargo, todavía quedan preguntas importantes: ¿qué ocurrió con los servidores públicos señalados?, ¿cuántos conductores pudieron haber sido víctimas de estos cobros? y ¿qué resultados han arrojado las investigaciones abiertas por la Fiscalía?
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente sobre resultados concluyentes de la carpeta de investigación por cohecho ni sobre posibles acusaciones penales derivadas de estos señalamientos.
Mientras tanto, la orden emitida el 26 de octubre establece un precedente frente a una problemática que ha generado preocupación entre quienes transitan diariamente por las carreteras de Chihuahua.
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